El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha decidido dar un paso más en su pulso con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El colegio ha presentado ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo adoptado el pasado 27 de julio por la Comisión Permanente del CGPJ.
Dicho acuerdo descarta, por el momento, activar el protocolo de actuación judicial previsto para situaciones de emergencia y catástrofe, así como adoptar medidas extraordinarias frente a los graves incendios que afectan a Ávila y la sierra Oeste de Madrid.
Para el ICAM, la respuesta del órgano de gobierno de los jueces resulta insuficiente ante una emergencia de carácter colectivo. El colegio sostiene que esta decisión compromete el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva de todas las personas afectadas por el fuego.
Un criterio que el colegio considera insostenible
El recurso impugna directamente el razonamiento empleado por el CGPJ. El órgano judicial defiende que, dado que las sedes judiciales permanecen abiertas y funcionan con normalidad, no resulta necesario aplicar medidas extraordinarias. En su lugar, propone resolver cada incidencia de forma individualizada, es decir, caso por caso.
El ICAM rechaza este planteamiento y lo considera un agravio comparativo respecto a otros territorios. El colegio pone como ejemplo las medidas extraordinarias adoptadas en Castellón, donde persisten evacuaciones, restricciones de movilidad y actuaciones de protección civil derivadas de otros incendios.
Medidas cautelarísimas para frenar un daño irreversible
Junto al recurso principal, el ICAM ha solicitado la adopción de medidas cautelarísimas, justificadas por la urgencia extrema de la situación. El colegio advierte de un riesgo concreto: que mientras se tramita el procedimiento judicial, venzan plazos procesales, se celebren actuaciones o se produzcan efectos irreversibles para ciudadanos y profesionales que no pueden actuar con normalidad por circunstancias completamente ajenas a su voluntad.
Como medida principal dentro de esta petición cautelar, el ICAM reclama la suspensión de la eficacia del acuerdo del CGPJ en la parte que rechaza activar las medidas extraordinarias contempladas en su propio protocolo de emergencia.
"no estamos ante una reivindicación corporativa"
El decano del ICAM, Eugenio Ribón, ha defendido públicamente la decisión del colegio. Según sus palabras, el recurso ante el Supremo responde a la defensa de la ciudadanía afectada por los incendios y de su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Ribón ha insistido en que no se trata de una reivindicación corporativa, sino de la obligación de evitar que una emergencia de esta magnitud derive en indefensión y en la pérdida irreversible de derechos para los afectados.
El decano ha avanzado además que el colegio agotará todos los instrumentos jurídicos disponibles para revertir la decisión del CGPJ. Su conclusión ha sido tajante: la tutela judicial efectiva no puede depender del código postal.
