El avance de la inteligencia artificial está transformando el asesoramiento jurídico a las empresas. Más allá de las advertencias sobre escenarios extremos, los despachos están centrando su atención en problemas concretos y cada vez más frecuentes.
Las compañías quieren saber qué ocurre cuando un sistema toma decisiones, utiliza determinados datos o provoca un daño. También buscan aclarar hasta dónde llega la responsabilidad del proveedor y dónde empieza la de la empresa usuaria.
Los bufetes reconocen un flujo constante de consultas relacionadas con contratos, cumplimiento normativo, gobernanza y riesgos derivados del uso de estos sistemas.
Las empresas quieren conocer su exposición al riesgo
Los clientes preguntan por sesgos algorítmicos, falta de transparencia, propiedad intelectual y protección de datos. La revisión legal ya no se limita a comprobar una licencia de software o las condiciones de un proveedor.
Los abogados analizan qué sistema utiliza la empresa, para qué sirve, qué decisiones puede adoptar, qué información procesa y qué impacto puede tener sobre las personas y la organización.
También surgen dudas sobre la dependencia tecnológica y los costes de modelos de negocio apoyados en los denominados modelos frontera.
Los contratos se adaptan a una IA más autónoma
La evolución tecnológica también está modificando la contratación empresarial.
Los acuerdos incorporan cada vez más obligaciones de transparencia y auditoría. También ganan peso las cláusulas relacionadas con posibles infracciones de propiedad intelectual y con la distribución de responsabilidades cuando un sistema genera daños.
En la Unión Europea no existe actualmente un régimen autónomo de responsabilidad civil específico para IA. La propuesta de Directiva sobre responsabilidad en esta materia fue retirada formalmente en octubre de 2025.
Por ello, cobra especial importancia definir qué riesgos corresponden al proveedor y cuáles debe asumir la empresa usuaria.
La trazabilidad gana peso en la gobernanza
La trazabilidad de las actuaciones de la IA se ha convertido en un elemento central. Permite determinar quién actúa, en nombre de quién y qué ocurrió durante una operación.
Este aspecto resulta especialmente relevante en los sistemas agénticos. Su autonomía depende de los objetivos asignados y de los permisos concedidos.
Las empresas siguen siendo responsables de definir su modelo de gobernanza, fijar controles, supervisar los sistemas y establecer mecanismos de respuesta ante incidentes.
La IA entra en las operaciones corporativas
El impacto jurídico también alcanza a salidas a bolsa, adquisiciones y fusiones.
Las due diligence analizan el cumplimiento normativo, la titularidad de los datos de entrenamiento y los marcos de gobernanza. Una contingencia relevante puede afectar a la valoración, el calendario o las garantías de una operación corporativa.
Los abogados prevén una mayor presencia de declaraciones y garantías, indemnizaciones específicas y condiciones contractuales vinculadas al cumplimiento en materia de IA.
Esta realidad exige equipos multidisciplinares con conocimientos en protección de datos, propiedad intelectual, competencia, derecho laboral, regulación financiera y tecnología.
Más control sobre los sistemas de alto riesgo
El Reglamento de Inteligencia Artificial no prohíbe una mayor autonomía, pero sí impone obligaciones de supervisión y control cuando el uso presenta un riesgo alto.
Las grandes empresas están incorporando comités multidisciplinares para supervisar los despliegues y garantizar intervención humana antes de ejecutar decisiones relevantes.
Además, determinadas obligaciones para sistemas de alto riesgo se han aplazado hasta diciembre de 2027 y, en algunos casos de IA integrada en productos regulados, hasta agosto de 2028.
La ciberseguridad añade otro frente
La inteligencia artificial también puede utilizarse para automatizar y acelerar ataques.
La Agencia Española de Protección de Datos ha recibido la primera notificación de una brecha provocada por un ataque ejecutado mediante un modelo de IA.
El caso obliga a las organizaciones a revisar sus modelos de gestión del riesgo y respuesta ante incidentes. Entre las medidas señaladas están reforzar la monitorización, limitar permisos, aplicar el principio de mínimo privilegio y mejorar los mecanismos de detección y supervisión.
Las obligaciones legales sobre seguridad y brechas de datos siguen siendo las mismas. Lo que cambia es la velocidad y autonomía de las amenazas.
Para las empresas, la IA deja así de ser solo una herramienta de eficiencia. Su despliegue exige integrar contratos, gobernanza, cumplimiento y ciberseguridad en una misma estrategia de gestión del riesgo.
