El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes estudia reducir de tres a un año el requisito de ejercicio efectivo de la profesión para que los abogados puedan inscribirse en el turno de oficio.
La medida se plantea en un momento delicado para el sistema de justicia gratuita. El censo de letrados adscritos a este servicio público pierde alrededor de 1.000 profesionales cada año. Desde 2020, los colegios profesionales han registrado 6.000 inscritos menos en toda España.
El cambio podría incorporarse al anteproyecto de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, en el que trabaja el ministerio. La norma vigente cumplirá 30 años el próximo 12 de julio, coincidiendo con el día del turno.
Una medida para frenar la pérdida de profesionales
La posible reducción del requisito de experiencia busca facilitar la entrada de nuevos abogados en el servicio. En la actualidad, se exige un periodo de tres años de ejercicio efectivo. La propuesta rebajaría ese plazo a un año.
El debate surge por la dificultad creciente para mantener el número de profesionales disponibles. El turno de oficio garantiza asistencia letrada a personas sin recursos suficientes para pagar una defensa privada. También cubre la atención a víctimas especialmente vulnerables.
Para los colegios de abogados, la pérdida sostenida de inscritos representa un riesgo operativo. Menos profesionales disponibles puede dificultar la prestación del servicio, especialmente en territorios donde la edad media de los letrados adscritos es elevada. En Guipúzcoa, por ejemplo, se sitúa en 52 años.
El debate llega a las jornadas de asistencia jurídica gratuita
La cuestión se abordó durante las IX Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita, celebradas en Salamanca por el Consejo General de la Abogacía Española los días 18 y 19 de junio.
Pilar Calatrava, fiscal y asesora del ministerio, confirmó que Justicia estudia esta modificación. La intervención se produjo en una mesa centrada en la justicia gratuita desde una perspectiva económica y en su aportación a la sociedad.
En el debate participaron también Alfredo Sánchez Gómez, vicedecano del Colegio de Abogados de Ávila, y Gerardo Fernando López Sánchez-Sarachaga, decano del Colegio de la Abogacía de Gipuzkoa.
Fue precisamente Gerardo López quien planteó la reducción del requisito de experiencia como una posible vía para contener la fuga de profesionales del turno.
Un servicio público bajo presión económica
La reforma del acceso no es la única reclamación del sector. Los representantes de la abogacía insisten en que el trabajo del abogado de oficio sigue estando mal retribuido.
La queja se repite desde hace décadas. Los profesionales sostienen que prestan un servicio público esencial, pero que las condiciones económicas no se corresponden con la carga de trabajo ni con la responsabilidad asumida.
El problema se agrava cuando algunas actuaciones no se pagan. Alfredo Sánchez denunció que, en el territorio gestionado por el ministerio, los abogados del turno no tienen reconocido el pago de los medios adecuados de solución de controversias.
Estos mecanismos son obligatorios desde hace un año para poder litigar en las jurisdicciones civil y mercantil. La falta de reconocimiento económico añade presión a un colectivo que ya reclama mejoras estructurales.
Impacto para colegios, despachos y administración
Desde una perspectiva B2B, la posible reforma tiene implicaciones para colegios profesionales, despachos y administraciones públicas. Los colegios deberán gestionar la entrada de nuevos perfiles si finalmente se reduce el requisito de experiencia.
Para los despachos, especialmente los de menor tamaño, la medida puede abrir una vía de acceso más temprana al turno de oficio. También puede influir en la organización interna de los profesionales jóvenes que buscan combinar ejercicio privado y servicio público.
Para la administración, el reto será doble. Por un lado, ampliar la base de abogados disponibles. Por otro, responder a las reivindicaciones económicas que explican parte de la pérdida de inscritos.
El reto de sostener la justicia gratuita
El turno de oficio afronta una tensión creciente entre vocación profesional, exigencia técnica y sostenibilidad económica. Los abogados recuerdan que no pueden seguir asumiendo de su bolsillo los costes de un servicio público que resulta esencial para garantizar el acceso a la justicia.
La posible reducción del requisito de experiencia puede ayudar a incorporar nuevos profesionales. Sin embargo, el sector insiste en que la solución no pasa solo por ampliar el censo.
La nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita aparece como una oportunidad para revisar el modelo. La clave estará en reforzar el servicio, mejorar las condiciones de quienes lo prestan y garantizar que la justicia gratuita pueda seguir funcionando con suficientes profesionales en todo el territorio.
