El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González, ha situado en Zamora algunas de las principales demandas del sector jurídico. Lo ha hecho durante la inauguración del V Congreso de la Abogacía de Castilla y León, un encuentro en el que ha defendido una profesión “unida, fuerte y cercana”. También reclamó que las reformas pendientes no se queden en cambios formales.
Su intervención puso el foco en una idea central. La modernización de la justicia solo será útil si llega acompañada de financiación suficiente, estructuras eficaces y diálogo con los profesionales.
González insistió en que cualquier transformación del sistema judicial debe contar con recursos suficientes. Sin medios, la eficiencia pierde fuerza. Sin coordinación, las reformas se aplican con dificultad. Y sin reconocimiento profesional, el servicio se debilita.
Para despachos, asesorías jurídicas y departamentos legales, esta reclamación tiene una lectura clara. La falta de medios afecta a los plazos, a la previsibilidad de los procedimientos y a la seguridad jurídica. También condiciona la confianza de empresas y ciudadanos en el sistema.
La reforma de la justicia sigue pendiente de coordinación
Uno de los asuntos más relevantes de su discurso fue la situación de la Comisión para la Calidad del servicio público de Justicia. González recordó que, un año después de la entrada en vigor de la ley que contemplaba su creación, este órgano todavía no se ha constituido.
El presidente de la Abogacía calificó esta ausencia de incomprensible. La comisión debía servir para coordinar la implantación de la reforma de la justicia y para acompañar el desarrollo de los cambios previstos.
Su falta de puesta en marcha abre dudas sobre la capacidad de aplicar la reforma con garantías. También evidencia, según el planteamiento trasladado en Zamora, la necesidad de contar con espacios estables de interlocución.
La justicia no solo requiere nuevas normas. Necesita órganos que midan la calidad del servicio, detecten disfunciones y permitan corregirlas. Esa visión resulta especialmente importante en un momento de transición organizativa y tecnológica.
Para el mercado legal, la coordinación institucional no es una cuestión menor. Incide en la gestión diaria de los procedimientos, en la relación con los juzgados y en la planificación del trabajo profesional.
El turno de oficio reclama un trato digno
González dedicó una parte destacada de su intervención al turno de oficio. Reclamó una nueva ley reguladora de Justicia Gratuita y una mejora urgente de las condiciones laborales y retributivas de los abogados que prestan este servicio.
El mensaje fue rotundo. La defensa de las personas con menos recursos no puede sostenerse sobre un modelo insuficientemente reconocido. Quienes garantizan ese derecho necesitan estabilidad, respeto institucional y una compensación adecuada.
El turno de oficio cumple una función esencial en el Estado de derecho. Permite que el acceso a la justicia no dependa únicamente de la situación económica de cada persona. Por eso, su sostenibilidad afecta directamente a la calidad democrática del sistema.
Desde la perspectiva de los colegios profesionales y de los despachos que participan en este servicio, la reclamación tiene una dimensión estructural. No se trata solo de actualizar retribuciones. También implica mejorar la organización, garantizar la disponibilidad de profesionales y reforzar el marco normativo.
La demanda de una nueva ley llega en un momento de fuerte presión sobre los servicios jurídicos públicos. La abogacía considera que el sistema necesita una respuesta más ambiciosa y estable.
Los mutualistas esperan avances en pensiones
La situación de los abogados mutualistas también formó parte del discurso de González. El presidente de la Abogacía trasladó un mensaje de optimismo tras los últimos avances registrados en el Congreso de los Diputados.
Según explicó, se ha dado un paso muy importante. Aun así, dejó claro que la institución seguirá trabajando para mejorar el texto hasta el último momento.
La cuestión afecta a una parte relevante de la profesión. Tiene impacto en la previsión de jubilación, en la planificación de carreras profesionales y en la confianza de quienes han desarrollado su actividad durante años bajo este sistema.
Para muchos abogados, el debate no es solo económico. También tiene que ver con el reconocimiento de trayectorias profesionales y con la garantía de una previsión social suficiente.
El asunto seguirá siendo uno de los ejes de atención para la Abogacía Española mientras avance la tramitación parlamentaria.
“El algoritmo ni es abogado, ni lleva toga”
La tecnología ocupó otro bloque central de la intervención. González defendió el liderazgo de la Abogacía Española en la transformación digital del sector, pero advirtió de los límites que deben acompañar el uso de nuevas herramientas.
Su frase más contundente llegó al hablar de inteligencia artificial: “El algoritmo ni es abogado, ni lleva toga”.
La cita resume una posición clara. La inteligencia artificial puede ayudar al ejercicio profesional. Puede facilitar tareas, ordenar información y apoyar determinados procesos. Pero no sustituye al criterio jurídico, ni a la responsabilidad del abogado, ni a las garantías propias de la defensa.
González mencionó el programa de formación digital Upro, dirigido a más de 25.000 profesionales. De ellos, 1.200 pertenecen a Castilla y León. También recordó la reciente circular deontológica sobre el uso de la inteligencia artificial en el ejercicio profesional.
El mensaje tiene especial relevancia para firmas legales, asesorías y departamentos jurídicos que están incorporando herramientas digitales. La automatización abre oportunidades, pero también exige prudencia, supervisión y control ético.
La abogacía defiende que la tecnología debe reforzar el servicio jurídico, no sustituirlo ni degradarlo. La innovación, por tanto, debe estar al servicio de las garantías profesionales.
Publicidad engañosa e intrusismo en el mercado legal
González también alertó de los riesgos asociados a la publicidad engañosa, el fraude y el intrusismo profesional. En su intervención aludió a campañas impulsadas por la institución para advertir sobre determinadas plataformas de servicios legales.
La advertencia conecta con una preocupación creciente del sector. La digitalización ha multiplicado los canales de captación de clientes. También ha aumentado la exposición de ciudadanos y empresas a ofertas que pueden no cumplir los estándares profesionales exigibles.
Para la abogacía, proteger la calidad del servicio es proteger la confianza en el sistema. La competencia no puede basarse en mensajes confusos, promesas poco realistas o soluciones que generen falsas expectativas.
El control de estas prácticas resulta clave para preservar el valor del asesoramiento jurídico cualificado. También para evitar que usuarios y empresas tomen decisiones legales apoyadas en servicios de dudosa garantía.
Una profesión unida ante nuevos retos
En la parte final de su discurso, González destacó el papel de la unidad institucional en los avances conseguidos por la abogacía en los últimos años.
Entre ellos citó la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, las mejoras legales en materia de conciliación, la creación del Reglamento de Amparo Colegial, la recuperación de representación española en la dirección de la abogacía europea y la implantación de protocolos contra el acoso en la profesión.
Estos avances muestran una agenda amplia. Incluye derechos profesionales, protección interna, presencia institucional y modernización del marco jurídico.
El mensaje lanzado en Zamora fue una llamada a reforzar la posición de la abogacía en un momento de cambios profundos. La profesión afronta retos regulatorios, tecnológicos y organizativos. También exige condiciones adecuadas para seguir prestando un servicio esencial.
González situó esas demandas en un plano institucional, pero con efectos directos sobre el mercado legal. Una justicia mejor dotada, un turno de oficio digno, una transición digital responsable y una profesión protegida frente al intrusismo son piezas de una misma estrategia.
El objetivo final es garantizar un sistema jurídico más sólido, eficiente y fiable. Un sistema en el que la tecnología ayude, pero no sustituya el criterio profesional. Y en el que la defensa de los derechos siga dependiendo de abogados formados, responsables y reconocidos.
